Ecuador tiene la tasa de homicidios más alta de América Latina y lleva dos años militarizando su respuesta. Esta semana le declaró una guerra arancelaria a Colombia. Lo que está pasando entre Quito y Bogotá revela algo que ningún toque de queda puede resolver.

En 2018, Ecuador tenía una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes — comparable a muchos países europeos. Hoy supera los 50 por 100.000, con más de 9.000 homicidios en 2025, el año más violento de su historia. No cambió la sociedad. Cambió la geografía criminal: en menos de una década, el país se convirtió en el principal corredor de embarque de cocaína colombiana hacia Europa. Sus puertos del Pacífico, su economía dolarizada y años de Estado sin presencia territorial real lo volvieron el punto de salida más eficiente hacia Rotterdam y Amberes. La ‘Ndrangheta calabresa opera en Guayaquil. Los carteles mexicanos tienen alianzas con las bandas locales. Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones disputan el control de las rutas costeras con una violencia extrema.

La respuesta de Daniel Noboa fue la militarización. Cinco toques de queda, estados de excepción que cubren el 95% de su mandato, operaciones en zona fronteriza. El toque de queda de marzo redujo los homicidios nocturnos un 77% en las zonas intervenidas —un dato real que el gobierno cita con razón—. Pero lo que los números no muestran es lo que pasó con las estructuras: según ACLED, en 2024 había al menos 37 bandas activas —un 54% más que en 2023—. La militarización no disolvió las organizaciones: las fragmentó. Y la fragmentación produce más violencia, no menos —cada ruptura interna genera nuevas disputas territoriales—. Renato Rivera, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, lo resumió con precisión: la detención de un líder suele provocar reacomodos violentos que incrementan los homicidios. El Estado captura gente. No necesariamente debilita al crimen.

Cuando la militarización interna no alcanza, la lógica lleva a buscar el origen afuera. Y el origen, para Ecuador, tiene dirección: Colombia.

Escalada de cuatro meses

En enero, Ecuador impuso una ‘tasa de seguridad’ del 30% a todas las importaciones colombianas —un arancel con otro nombre, porque la normativa andina no lo contempla—. Justificación: Colombia no coopera en el control de su frontera y el crimen que entra desde allá le cuesta al Estado ecuatoriano 400 millones de dólares anuales. Colombia respondió con aranceles escalonados de hasta 75%, cortó la interconexión eléctrica y cerró su frontera al arroz, banano y azúcar ecuatorianos. En marzo, un artefacto ecuatoriano cayó en territorio colombiano durante una operación fronteriza sin detonar. Ecuador multiplicó por diez la tarifa de transporte del petróleo de Ecopetrol por sus oleoductos —de 3 a 30 dólares por barril—. En abril, Noboa acusó a Petro de tener contactos con ‘Fito’, líder de Los Choneros; Petro anunció que lo demandaría por calumnia. El arancel subió al 100% el 1° de mayo.

El mismo día que el Mercosur-UE entraba en vigor con fanfarrias en Bruselas, Colombia retiró a su embajadora de Quito y Petro declaró que la medida significaba ‘el fin del Pacto Andino para Colombia’. El comercio bilateral, que supera los 1.000 millones de dólares anuales, se contrae con rapidez —Reuters lo describe como ‘collapsing’—. El 73% de las empresas con actividad nocturna en zonas bajo toque de queda reportan caídas de ventas de hasta el 80%.

El 8 de mayo, la Secretaría General de la Comunidad Andina falló: los aranceles de ambos países violan el programa de liberación andino y el Acuerdo de Cartagena. Diez días de ultimátum. Petro ofreció retirar sus medidas si Ecuador hace lo mismo en igual cronograma. Noboa viaja el 14 de mayo a la OEA en Washington —no a una reunión andina— a buscar respaldo americano. Ecuador anunció que reducirá los aranceles a 75% desde junio, pero la escalada no es lineal.

Dos modelos incompatibles

Detrás de los aranceles hay dos modelos de respuesta al crimen que son estructuralmente incompatibles. Noboa aplica mano dura —militarización, alianza con Trump, presión sobre el vecino—. Petro negocia con las disidencias de las FARC bajo su política de ‘paz total’ y rechaza la militarización como solución. Para Ecuador, esa diferencia es el problema: mientras Colombia dialoga con los grupos que producen la cocaína que llega a sus puertos, el tráfico sigue. Para Colombia, la militarización ecuatoriana sin coordinación desplaza el crimen hacia su lado de la frontera de 586 km. Ambos diagnósticos tienen algo de verdad. Ninguno tiene toda la solución.

El fallo de la CAN, aunque técnicamente correcto, no toca el fondo: la Secretaría General puede ordenar desmantelar aranceles. No puede ordenar coordinar políticas de seguridad entre dos gobiernos que no confían el uno en el otro. El crimen organizado que opera en esa frontera prospera exactamente en el espacio que queda entre dos Estados que comparten el problema y han decidido enfrentarlo por separado.

El 18 de mayo vence el toque de queda en Ecuador. El 31, Colombia elige presidente. Ninguno de esos eventos va a modificar la ecuación de fondo: mientras la cocaína tenga demanda en Europa, tendrá corredor en el Pacífico. Y mientras ese corredor exista, Ecuador y Colombia van a seguir discutiendo de quién es la culpa en lugar de preguntarse cómo se corta la cadena.